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México, D.F., sábado, 26 de julio de 2014 / 06:09 hrs. Quiénes somos | Buzón
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Accion Social

La Banca Mexicana
CISI / 19 MARZO 2009

La constante de la banca mexicana en los últimos 27 años ha sido el cambio. Nueve años después de la estatización de la banca en 1982, dio inicio la privatización de los bancos mexicanos (1991), para dar paso, tres años después (1994), al proceso de apertura del capital extranjero, aún vigente.

El anunció de la nacionalización de la banca mexicana, el 1° de septiembre de 1982, se dio en el contexto de la crisis económica que golpeaba al país en ese año. Esta medida de política económica modificó de raíz la operación del sistema financiero mexicano.

Resalta el hecho de que, durante el proceso de restauración bancaria, 32 sociedades de crédito fueron fusionadas para integrarse en sólo 12. Esto condujo a que la estructura de los bancos comerciales, que originalmente sumaba 60 entidades, se redujera a 29 en 1983, para después ubicarse en 20 instituciones en 1985 y 18 en 1988, número con que inició el proceso de desincorporación en 1991.

El proceso de reforma financiera iniciada en 1988 tuvo que reconocer el marco imperante en la economía mexicana (una nueva crisis económica), el redimensionamiento de las instituciones bancarias, el sistema bancario como vehículo de financiamiento público, el desarrollo de otros mercados financieros y el creciente flujo de capitales a escala internacional, lo que obligaba a un cambio en el sistema financiero doméstico. Bajo este contexto se procedió a la ampliación o creación de medidas que liberaran al sistema bancario, las cuales culminaron con la reprivatización de las instituciones en 1991.

Entre los principales cambios constitucionales y legales que permitieron la desincorporación de la banca destacan la revocación del párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución que impedía a los agentes privados participar en las actividades bancarias, y del artículo 123 sobre el trabajo y la previsión social en las instituciones de crédito. Estos cambios propiciaron la aparición de nuevos jugadores de nacionalidad mexicana, situación que revirtió el redimensionamiento de las instituciones bancarias observado en la década de los ochenta, y casi duplicó el número de bancos nacionales existentes: de 18 en 1993 pasó a 34 en 1996.



Los bancos de nueva creación (17) se caracterizaban por poseer una escala de operación mínima. En mayo de 1996 representaban sólo el 3.1% de los activos totales del sistema bancario y el 2.2% de la cartera total. Su perfil era de bancos de alcance regional o local, enfocados a atender necesidades del sector empresarial y corporativo. Sin embargo, derivado de los estragos de la crisis económica de 1995, de los 17 bancos referidos, actualmente sólo operan 9: Del Bajío, Ixe, Banregio, Afirme, Interacciones, Invex, Mifel, Bansi e Inbursa, aunque su participación en el mercado sigue siendo relativamente baja.



Con el proceso de desincorporación, el Gobierno Federal buscaba modernizar y hacer más competitivo el sistema financiero mexicano, así como reservar el control de los bancos a los inversionistas mexicanos. Cabe señalar que el último criterio, que pudo tener sentido en un entorno de una menor integración comercial con el resto del mundo, pierde importancia con la firma del TLCAN y con la necesidad de recapitalizar a la banca en un entorno de crisis económica.

Derivado de la crisis de 1995, no sólo se implementaron programas de apoyo a la banca y a los deudores, sino también se llevaron a cabo diversas reformas a la legislación financiera para corregir insuficiencias estructurales que permitirían fortalecer al sistema frente a crisis futuras. Con estas reformas a la regulación del sistema financiero, particularmente la de enero de 1999, se dio paso a la incursión de inversionistas extranjeros en las instituciones nacionales.

En suma, las normas expedidas para regular la actividad bancaria en México, se han caracterizado por experimentar reformas frecuentes en un espacio de tiempo relativamente muy corto. Se transitó de un régimen que limitaba la participación de extranjeros en la banca privada mexicana (antes de 1982), a otro que estableció que la banca debía ser propiedad del Estado, para terminar con una legislación que permitió, primero, la privatización, y sólo algunos años después, la extranjerización de la propiedad de los bancos mexicanos.



En suma, la crisis económica y financiera sufrida por la sociedad mexicana en 1995 marcó un antes y un después en el sector financiero, y especialmente en el sector bancario del país.

La banca extranjera en el sistema bancario mexicano

El proceso de extranjerización de la banca nacional, iniciado en el sexenio de Ernesto Zedillo, se hizo con el argumento de eficientizar y modernizar el servicio público de la banca, así como elevar la productividad y lograr la capitalización del sistema bancario en el contexto de la crisis económica.

Para ello, se realizaron diversas reformas hasta llegar a la de enero de 1999, bajo la cual se estableció que el capital de los bancos mexicanos debe estar representado por una sola serie de acciones, la serie O, misma que es “de libre suscripción”. En otras palabras, se suprimieron todas las restricciones que impedían que instituciones financieras del extranjero establecieran en nuestro país, filiales o bien adquirieran la propiedad de las acciones representativas del capital de los bancos mexicanos.

El proceso de extranjerización de la banca mexicana se dio en tres etapas. La primera inició con la firma del TLCAN (enero de 1994) y se buscaba que concluyera en diciembre de 1999. Se estableció que, durante este periodo, la máxima participación de mercado que podría tener cada banco en lo individual respecto el capital neto agregado de la industria no podría ser mayor al 1.5% y la participación global de la banca extranjera en un inicio debería ser inferior al 8%, y ésta se ampliaría gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15% al final del periodo referido, fecha en la que se eliminarían las restricciones antes citadas; sin embargo, en el caso que la participación global de la banca extranjera llegase a rebasar el 25%, México habría tenido el derecho de congelar el crecimiento del capital extranjero por una sola vez, y por un periodo menor a tres años, durante los cuatro años siguientes a la terminación del periodo.

En esta etapa, cuatro bancos extranjeros establecieron operaciones en México: En abril de 1994 GE Capital; y en noviembre del mismo año Santander, J.P. Morgan y Chase Manhattan. Además, Citibank cambio su denominación legal, y pasó de ser una sucursal de un banco extranjero a una filial de un banco extranjero. A la postre Citibank y Santander ampliaron significativamente su participación a través de la adquisición de bancos mexicanos; Chase Manhattan fusionó a J.P. Morgan prevaleciendo la denominación del segundo, y al igual que GE Capital mantuvieron su operación en un nivel relativamente bajo y dedicado exclusivamente a la banca corporativa.

En los años siguientes, varias instituciones de crédito siguieron estableciéndose, destacando 1995 como el año en que hubo el mayor ingreso, ya que se autorizó la operación de 13 nuevas filiales del exterior: Tokyo-Mitsubishi (feb), Bank of America (feb), Fuji Bank (mar), Banco Bilbao y Vizcaya (may), ABN Amro Bank (jul), BNP (jul), BankBoston (jul), HSBC Bank (ago), Republic National Bank of New York (ago), Societé Genérale (ago), Dresdner Bank (sep), ING Bank (nov), First Chicago Bank (dic). De 1996 al 2000 entraron al mercado mexicano otras cinco instituciones extranjeras: American Express Bank, Nations Bank, Comerica, Bank of Nova Scotia (que adquirió Inverlat) y Deutsche Bank.

La mayor parte de las 18 instituciones mantuvo un nivel de operación bajo, orientado principalmente a la banca corporativa, sin embargo, cuatro de ellos fracasaron y cerraron operaciones: Fuji Bank y Nations Bank en 1999, Societé Genérale en 2000, y B.N.P. en 2002. Asimismo, dos de los bancos extranjeros nuevos cambiaron de nombre al ser fusionados por otras instituciones del exterior: HSBC Bank fusionó a Republic Bank of New York y Bank One a First Chicago Bank.

Los efectos de la crisis económica hicieron que la segunda etapa de la apertura de la industria bancaria se adelantara, iniciando en 1995 con la ampliación de los límites de participación de mercado que México había impuesto, en la firma del TLCAN, a las filiales de bancos extranjeros, aumentando de 1.5 a 6% en lo individual y de 8 a 25% en el global. De igual manera, el límite permitido de inversión de la banca extranjera en instituciones de crédito mexicanas aumentó de 30 a 49%. La inyección de recursos frescos permitió la recapitalización de bancos que en es entonces enfrentaban problemas de solvencia.

En esta segunda etapa se registró un avance sustantivo de la participación del capital foráneo sobre la tenencia de activos en el sistema bancario mexicano, pasando de 5% a 52.4% en el periodo 1994-1996, aunque esta tenencia era principalmente de carácter minoritario en bancos nacionales (42.7%).

La tercera etapa del proceso de apertura termina a finales de 1998, un año antes de lo previsto, eliminándose todas las restricciones a la participación foránea en la banca mexicana. Ello permitió que los dos mayores bancos del sistema fueran adquiridos por bancos extranjeros. Así, en agosto de 2000 Banco Bilbao y Vizcaya adquiere Bancomer, y el año siguiente, en el mes de agosto, Citibank compra a Banamex. Además, Serfin fue adquirido por Santander en mayo de 2000, Banco Inverlat por Bank of Nova Scotia en marzo de 2001 y Bital por HSBC en 2002.

Actualmente, la banca mexicana ha quedado prácticamente en manos de las entidades extranjeras. Alrededor del 80% de los activos de la banca doméstica se los reparten firmas foráneas, encabezadas por Bancomer con una cuota de mercado de 23.86% en 2008; Banamex con el 19.45%; Santander con 14.27% y HSBC con 9.47% de los activos totales. Sólo estos cuatro bancos foráneos concentran poco más de dos terceras de los activos, cartera y captación total del sector bancario.

El caso Banamex

El aumento en la participación accionaria del gobierno estadounidense en Citigroup, actual dueño de Banamex, ha abierto una gran polémica entre los diferentes actores de la vida política, económica, financiera y legal respecto al futuro de la institución bancaria en México.

En esta operación, el Gobierno de Barack Obama canjeará hasta 25 mil millones de dólares que tiene en títulos preferentes (conseguidos en contraprestación de las inyecciones de capital) por acciones comunes (que dan voz y voto en el banco), sin que ello implique desembolso adicional alguno. Con ello, el gobierno de elevará su participación en Citigroup de 7.8% a 36%, convirtiéndose en uno de los bancos más capitalizados de Estados Unidos en un momento en que casi todas las entidades acusan, de una u otra manera, una crisis que ha dejado sus balances tambaleándose.

El tema central de la discusión se ha centrado en una presunta violación al artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), que prohíbe que un gobierno extranjero pueda ser socio de la banca mexicana.

Los que están a favor de que se aplique el artículo 13 de la LIC

Para algunos, sobre todo articulistas de medios impresos y legisladores del Congreso de la Unión, no debe existir duda alguna de que se trata de una violación al artículo referido, toda vez que éste señala que “No podrá participar de forma alguna en el capital de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad”.

Para los que congenian con esta postura, la situación actual de Banamex está en contra de la ley mexicana, ya que un principio clave de la legalidad es la universidad de la ley, por lo que se debe aplicar a todos y siempre. Decir que es una situación inédita no cuenta, ya que la ley dice con claridad que no acepta la propiedad de gobiernos extranjeros sobre la banca mexicana y no especifica ningún caso que pueda implicar una situación inédita, en clara alusión a los que señalan que cláusulas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) permite dicha intervención.

Para algunos analistas, las leyes mexicanas no dejan mucho margen de maniobra, por lo que bajo el contexto legal actual, Banamex tiene que ser vendido y que no hay justificación alguna en el TLCAN para buscarle una salida "negociada". Para estos analistas, no hay salvoconducto alguno en la Ley de Instituciones de Crédito, y que en el artículo 18 se establecen las sanciones y la venta necesaria de los activos de quien viole estas disposiciones.

Sin embargo, algunos estudiosos en el tema se preguntan ¿qué va a pasar con los otros grupos financieros que operan en México, que son parte de grupos extranjeros que siguen sin tocar fondo, a los que haya que aplicarles la ley a secas? o ¿Qué pasará si no hubiese los suficientes mexicanos entusiastas, dispuestos a recomprar los bancos en cuestión?

Por lo anterior, el gobierno mexicano tiene que optar entre aplicar, y tiene que hacerlo ya, las leyes como están, o bien, flexibilizar el marco legal ante la terrible realidad de que vivimos la peor crisis financiera global de la historia del planeta.

Para otros analistas, si bien cierto que TLCAN autoriza a que, en condiciones difíciles, el gobierno de EU pueda actuar con su banca en los términos que él considera, esto sólo lo puede hacer en su territorio, ya que el tratado no da ningún derecho de leyes extraterritoriales y no le otorga el derecho de nacionalizar para el gobierno de EU una banca ubicada en México o Canadá.

En este sentido, para estudiosos en materia jurídica, sería absurdo hacer una ley ad hoc para el caso, pues se perdería el principio básico de universalidad de la misma.

Algunos economistas señalan que, permitir a un gobierno extranjero ser el dueño de una banca que opera en un mercado oligopólico y clave para el desarrollo de la nación, sería irresponsable y suicida, ya que la banca desde el punto de vista económico es un bien público, un bien estratégico, un bien fundamental y una fuente esencial de poder.

La banca al ser un bien público, es muy difícil que un gobierno la deje colapsar, toda vez que esto conduciría a graves desequilibrios en la actividad económica, política y social. Se puede dejar que quiebren algunas industrias pero no la banca. Cuando una empresa que produce un bien privado quiebra, los trastornos al resto de la sociedad no son graves. Pero un bien público es aquel que por jugar un papel clave en todo el sistema, toda la sociedad depende de él y, por lo tanto, dejarlo morir impacta a todos los actores y sectores productivos. Los bienes públicos pueden estar gestionados por particulares, pero debe tenerse claro que no son lo mismo que los bienes privados y que por ende, debe haber un control de la sociedad sobre la gestión de dichos bienes.

En este sentido, la banca es un bien estratégico, es decir, un bien que, cuando no se produce en cantidades suficientes (monto de créditos otorgados) y en condiciones adecuadas (solvencia de la banca, tasas de interés apropiadas, bajo costo de servicios y alta calidad de los mismos), toda la actividad productiva se ve afectada.

En consecuencia, la propiedad, manejo y control de la banca es vital para cualquier nación, pero si las decisiones claves se realizan actualmente en las matrices localizadas allende las fronteras, y en términos de los intereses de sus accionistas y no en función de las necesidades de la economía doméstica, las posibilidades de mayores niveles de desarrollo se estarían comprometiendo.

Al respecto, muchos especialistas señalan que no importa la propiedad sino el funcionamiento de la banca, sin embargo, para otros estudiosos del tema este argumento es posible rebatirlo, sobre todo para el caso de México, país en el que el control de capital extranjero sobre poco más del 80% de los activos bancarios, subordinó al sistema de pagos en México a decisiones adoptadas desde el exterior con criterios globales, ajenos a la definición de las políticas económicas del país. Los dirigentes de las empresas y también los bancarios deben rendir cuentas a sus accionistas (en especial a los que tienen el paquete de control), y por tanto deben actuar en función de los intereses de ellos, quienes (los accionistas) son en última instancia los que determinan las políticas claves que en el caso de la banca, son las políticas de crédito, selección de clientes, manejo de tasas de interés, etcétera. Pero más grave se convierte esta situación si el accionista es un gobierno extranjero.

Sobre este particular, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la ''extranjerización de la banca'' en México, no ha beneficiado a los consumidores. En cambio, ha generado prácticas monopólicas e incluso propiciado ''colusión implícita'' entre los dueños de las instituciones para fijar tarifas y comisiones por los servicios que prestan. ''No hay evidencia de que la extranjerización de la banca haya beneficiado la productividad y la eficiencia en el sistema bancario mexicano''.

Para Marcos Ávalos Bracho, experto en temas de competencia y coautor del estudio de la Cepal Competencia bancaria en México, la banca en México no es competitiva en cuanto a sus costos al público, si se compara con los países donde se asienta su casa matriz e incluso otros mercados. Asimismo, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las filiales que tiene la banca extranjera en México son las que más ganancias reportan a las casas matrices, entre todas las filiales con que cuentan en el mundo.

Para Jesús Silva Herzog, ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, “la extranjerización de los bancos es uno de los más graves errores históricos que hemos cometido en el país”, argumento señalado en el seminario “Inversión Extranjera en el Sector Financiero Mexicano”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En este mismo tenor, para el también ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra Muñoz, “el libertinaje financiero en el país, ha llevado a la banca a convertirse más en una rémora que en un apoyo al desarrollo nacional”, señalando que “del proteccionismo financiero se pasó al libertinaje financiero y hoy en día la banca está convertida en una banca de segundo piso a la que le han quitado las alas para cumplir con su función de promover el desarrollo productivo del país”.

En 2006, durante la XIV Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios, recientemente realizada en Mérida, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, señaló: "Las mejoras de eficiencia derivadas de una administración en manos de bancos del exterior, con frecuencia han redundado en mayores utilidades, pero no necesariamente en beneficios para el consumidor". El problema radica en que la expansión de los bancos extranjeros en México "ha tenido lugar a través de la adquisición de entidades financieras ya existentes", en lugar de abrir nuevas entidades, de manera que se ha dejado "prácticamente inalterada la estructura de los mercados financieros locales", altamente concentrada. Paradójicamente, los bancos internacionales compiten entre sí "de manera agresiva en sus países de origen, pero no parecen comportarse de la misma manera en los mercados emergentes". "Una razón -explicó Ortiz- es que tenemos un mercado que crece tanto, que la participación parece que no les importa". "El pastel se hace cada vez más grande, entonces pueden seguir cobrando un buen rato tasas caras y comisiones altas", sin participar en prácticas competitivas. Más vale reconocerlo tarde, que nunca.

Para algunos legisladores, a 15 años de la extranjerización de la banca en México, se observa un debilitamiento del sistema de pagos, como consecuencia de la alta concentración del mercado bancario con rasgos inequívocos de formaciones oligopólicas. Señalan que el actual modelo de banca en México se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento económico, debido a sus altos costos en tasas de intereses y comisiones por servicios bancarios (CAT), por lo que existe un notable distanciamiento de la actividad bancaria de los objetivos de financiamiento del desarrollo nacional, a pesar de contar con las mejores condiciones macroeconómicas de la última década: inflación controlada, déficit público nulo y el respaldo irrestricto de las administraciones federales, sumado al laxo marco jurídico a través del cual se dio la reprivatización, extranjerización, rescate, fusión y empoderamiento del sector bancario mexicano.

El incremento de las utilidades bancarias se explica por la concentración en cinco bancos del mercado a nivel nacional y los incrementos desproporcionados de las comisiones bancarias. Estadísticas muestran que los ingresos de la banca por concepto de comisiones representan entre el 30% y el 50% de sus ingresos totales. Por ejemplo, los datos disponibles al mes de junio de 2008, indican que los ingresos de Scotiabank por concepto de comisiones representaron el 24.95%, de BBVA el 35.12%, Banamex 40.38%, en HSBC el 50.37% y Santander el 59.34%. De acuerdo a la Asociación de Bancos de México (ABM), los mexicanos destinan cada año cerca de 700 pesos al pago de comisiones bancarias.

Por lo anterior, un buen número de legisladores de oposición exigen medidas que van desde nacionalizar Banamex o forzar a Citi a vender su banco estrella en el corto plazo, hasta “mexicanizar” los bancos extranjeros que operan en el país.

Los que están en contra de que se aplique el artículo 13 de la LIC

Por otra parte, para otros actores, entre los que se encuentran banqueros de filiales extranjeras y sobre todo funcionarios de Citigroup, el compromiso de adquisición del 36 por ciento de las acciones de Citigruop por el gobierno estadounidense no violenta reglamentación alguna, toda vez que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) permite la intervención de los gobiernos en los bancos para procurar su salud financiera.

Al respecto, en un comunicado emitido el 27 de febrero del presente año, Banamex aseguró que en el TLCAN, vigente desde 1994 y que involucra a México, Estados Unidos y Canadá, los tres países acordaron darse la facultad irrestricta de adoptar las medidas necesarias para proteger a sus ahorradores y sus sistemas financieros. “En este acuerdo se señala que ninguna disposición del tratado puede interpretarse como un impedimento para que un Estado adopte o mantenga medidas razonables por motivos prudenciales, tales como:

a) proteger a inversionistas, depositantes, participantes en el mercado financiero;

b) mantener la seguridad, solidez, integridad o responsabilidad financiera de instituciones financieras; o,

c) asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero de una parte’”.

Según la interpretación de Banamex, una de las medidas prudenciales que adoptan los gobiernos durante las crisis financieras sistémicas es aportar capital a los bancos, como ocurre en esta crisis internacional con varias instituciones financieras y como sucedió con algunos bancos en México en 1995.

De acuerdo con Paulo Carreño, vocero de Banamex, es importante destacar que la intervención del gobierno de Estados Unidos tiene carácter temporal, no para mantener el control de Citi en el largo plazo. “Estamos en un diálogo permanente con las autoridades financieras y con legisladores de todos los partidos políticos en el Congreso para exponer nuestro punto de vista sobre la legalidad de la operación”, añadió. Sin embargo, aseguró que sólo corresponde a las autoridades hacendarias hacer un pronunciamiento sobre la legalidad de la operación.

Para el portavoz de Banamex, la intervención del gobierno de Estados Unidos en el capital de Citi obedece claramente a una situación extrema y temporal, en la que apoya a su propio sistema de pagos porque no hacerlo tendría altos costos. Pero el gobierno estadounidense no tiene la intención de quedarse como propietario del grupo.

Carreño asegura que una interpretación a rajatabla del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito tendría una afectación mayor, porque en el caso de México, se tendría entonces que quitar la licencia a varios bancos extranjeros que operan en el país y que, de algún modo, han recibido apoyo de sus gobiernos en esta situación extraordinaria. Entre ellos, citó, están Inbursa, de Carlos Slim, asociado con La Caixa, de España; Santander, que es accionista de Bank of America, institución también apoyada en esta crisis por Washington, y HSBC, también receptor de apoyos del gobierno británico. “Por eso encontramos en los ordenamientos del TLCAN una interpretación jurídica que sitúa con mayor precisión lo que ocurre en una situación de crisis como la actual, que es una realidad que no se puede ocultar”, declaró Carreño.

Para Luis Robles Miaja, vicepresidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, "En México, el Artículo 133 constitucional establece que los tratados internacionales que emanen de ésta son la ley suprema, por lo que el TLCAN está por encima de la Ley de Instituciones de Crédito". Agrega además que “El TLCAN establece expresamente la facultad que tienen los gobiernos para tomar medidas prudenciales tendientes a proteger o a garantizar la salud del sistema financiero", por lo que la intervención “es una medida prudencial y tiene una temporalidad” y el gobierno estadounidense saldrá de Citi "más temprano que tarde", ya que su intención no es la nacionalización de los bancos.

Lo anterior significa que la posible “tabla de salvación” a la que se aferran los defensores de la intervención referida está en el capítulo 14 del TLCAN, artículo 1410, donde se hace referencia a las salvedades "para que una parte adopte o mantenga medidas razonables por motivos prudenciales". Dicho texto a la letra señala: "Asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero de una Parte". Sin embargo, debe subrayarse que el punto de partida de este capítulo y de todo el Tratado es respetar las leyes locales y ahí es donde entra la Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 13.

Además, de ser válida la interpretación del TLCAN hecha por Banamex, que permite la injerencia de gobiernos soberanos en las instituciones financieras del país con motivo de rescatar y proteger a su sistema financiero, también abriría la puerta a que otras naciones con las que México ha hecho estos acuerdos puedan participar en el sistema financiero local sin ningún problema.

Para directivos de Banamex, las autoridades financieras mexicanas no objetarán el aumento en la participación del gobierno de Estados Unidos en Banamex, ya que, de acuerdo con los estudios preeliminares que realiza la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no se obligará al consorcio estadounidense a vender su filial en México. Lo anterior, debido a que si se toma una decisión en contra, “se enviaría una señal negativa al mercado respecto a una falta de seguridad de las inversiones extranjeras en el país, lo que resultaría contraproducente”. Se consideraría además una falta de reciprocidad con Estados Unidos, ya que cuando México enfrentó su crisis en 1995, EU respondió con un paquete de apoyo.

Altos funcionarios de Banamex han revelado que no se “arrinconará” al consorcio estadounidense a vender su negocio más rentable, sin embargo, continuarán pláticas con los legisladores, a fin de explicarles los argumentos del grupo. “Y si se obliga a vender, la determinación podría concluir en un panel del Tratado de Libre Comercio”. En este sentido aseguran que las autoridades y los legisladores están en la mejor disposición de apoyar al gobierno estadounidense, dada la situación de Citigroup.

En la Secretaría de Hacienda comentan que “la ley no contempla la venta de un intermediario para supuestos como los de Citigroup y Banamex”, además, mencionan que la medida es de carácter temporal.

En la CNBV se ha venido reiterando que la decisión del gobierno de Estados Unidos se tomó para salvaguardar los intereses los inversionistas y restablecer las condiciones de estabilidad y confianza en sus mercados. “No se trata de una nacionalización o expropiación”, y que se ha información a Banamex respecto a las características de los apoyos que recibirá Citigroup.

Para Alina Aldape, directora del programa EMB de la Escuela de Graduados en Administración y dirección de empresas del ITESM, es claro, conforme al TLCAN, que Banamex es una empresa totalmente mexicana e independiente de Citigroup, pues cuando se firmó el acuerdo se optó porque fueran las reglas de origen del país las que deberían de prevalecer.

“Lo que protege a Banamex, y a las otras instituciones que están en la misma situación, son las reglas de origen, ya que México y Estados Unidos optaron por la leyes de origen de incorporación, y se le obligó a constituirse como mexicana. No obstante que los recursos provinieran del extranjero, frente a la ley es mexicana, aunque su matriz haya recibido recursos del gobierno de Estados Unidos. Por eso, no viola la Ley de Instituciones de Crédito”, apuntó la experta.

La especialista en temas de tratados de libre comercio, quien participó en la redacción del plan de activación del TLCAN, a petición de la Casa Blanca, consideró que no existe intervencionismo del gobierno de Barack Obama en el sistema financiero mexicano, aunque reconoció que debe haber transparencia de parte del gobierno estadounidense para seguir la ruta del dinero, para saber si lo que aportó a Citi ingresó de alguna forma a Banamex.

En su opinión, no deben existir dudas por parte de las autoridades mexicanas sobre la legalidad con que operan las instituciones filiales de bancos o asegurados extranjeras. “No sé qué bolas se están haciendo con el TLCAN no debe de haber ninguna duda para México.” Y remató: “Quizás el debate es el origen del capital, porque de que es una empresa mexicana, lo es y debe operar conforme al marco legal de nuestro país.

“Si le falta capital o reservas a Banamex, y proviene del gobierno estadounidense, quizás ese sea el debate y lo que analiza el gobierno de México, de que esté capitalizado con recursos del gobiernote Estados Unidos, saber si el dinero es de los fondos de Citi o del gobierno”. Aunque, aun en ese supuesto, estimó que existe el margen de maniobra de parte del gobierno mexicano para actuar y resolver el lío jurídico, pues aunque violara la LIC, “hay siempre matices”.

Para Alberto Gómez Alcalá, economista en jefe del Grupo Financiero Banamex, las acciones de emergencia que instrumentó el gobierno de Estados Unidos al adquirir acciones de Citigroup fueron para proteger el sistema financiero y a los depositantes, y evitar un riesgo sistémico.

De acuerdo con el directivo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, y el gobernador de la Reserva Federal, Ben Bernanke, han tenido comentarios muy claros de que la conversión de acciones en el caso de Citi es una medida extraordinaria en la que no hay intención de ejercer el control. “No se ha registrado ningún cambio en la administración ni ningún cambio en el posicionamiento estratégico del banco. Eso lo han dicho claramente las autoridades en EU”. En la institución financiera, señaló, no están preocupados por la decisión que tomará la Secretaría de Hacienda en “cuestión de días” sobre el caso Banamex y el aumento de la participación del gobierno de EU en Citigroup. “No creemos entrar en conflicto con el marco legal vigente en México”.

Los que señalan que debe resolverlo las instancias apropiadas

Para Enrique Castillo Sánchez Mejorada, presidente nacional de la Asociación de Bancos de México (ABM), las autoridades correspondientes las que tienen que analizar y resolver la situación legal y jurídica en la que se encuentra Banamex, después de que parte de los activos de Citigroup fueran adquiridos por el gobierno de Estados Unidos. Actualmente se está a la espera de la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en torno al rescate que ha hecho el gobierno de Estados Unidos de Citigroup y sus implicaciones legales para el caso de Banamex. Al respecto se ha señalado que la ABM será respetuosa de lo que marca la ley y de lo que resuelvan las autoridades hacendarias, para este caso, pero también para los demás bancos que están en una situación similar y que son filiales de grupos internacionales que fueron rescatados por parte de los gobiernos de EU, Alemania y Gran Bretaña, las cuales también se encuentran en un limbo jurídico.

Otro caso en México de capitalización por parte del gobierno estadounidense podría ser el de Bank of America que posee el 24.9% de Santander Serfin, no la totalidad tal y como sucede con Citigroup que es dueño de todo Banamex.

Otro banco con fuerte presencia en México y que necesita capitalizarse es HSBC. Sin embargo, el banco inglés, considerado el más grande de Europa, anunció, hace algunas semanas, a los mercados que sale con una emisión de acciones por 17.18 mil millones de dólares, con lo cual plantea ser de los más capitalizados del mundo y alejarse de los demás bancos ingleses que han solicitado capital al gobierno británico.

Con respecto a BBVA, se ha venido señalado que el banco dueño de Bancomer no necesita ayudas públicas. Incluso González ha externado que es la responsabilidad del banco buscar financiamientos con medios propios, para así dejar espacio a otras entidades con bajas calificaciones que sí lo necesiten. En cambio, señaló que el BBVA sí ve con buenos ojos el apoyo a la liquidez vía compra de activos y avales a las emisiones bancarias, lo cual ayudará a salir de la crisis crediticia.

Por otra parte, para el presidente de la ABM, que se ha reunido con las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado, todo lo que se está viviendo es inédito y sorprende la velocidad de los eventos, y que incluso puede haber otras leyes aplicables, por lo que urgió a que sea la autoridad la que tome la decisión. La ABM no ha hecho un análisis sobre las implicaciones de los rescates que están haciendo otros países respecto de sus instituciones financieras, que además tengan asociados mexicanos, aunque Sánchez Mejorada sostiene que Banamex de ninguna manera enfrenta riesgos.

Cabe señalar que el grupo que analiza el tema en cuestión está presidido por Alejandro Werner, subsecretario de Hacienda de la SCHP; Javier Laines, procurador fiscal en su carácter de abogado de la SHCP; y Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria, quienes no sólo se están coordinando con las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y la de Senadores, sino también con el Banco de México y con los reguladores financieros en Estados Unidos y la Unión Europea.

A la luz de los eventos, se ve que no se espera una solución sencilla puesto que se debe analizar no sólo la ley de instituciones de crédito, sino también la de agrupaciones financieras, la ley de seguros y los tratados de libre Comercio de América del Norte y de la Unión Europea, ya que no se trata sólo de bancos sino de aseguradoras, como AIG, que han recibido capital gubernamental en los programas de rescate.

No es difícil deducir que el gremio bancario espera una resolución favorable por parte del gobierno, y que, para algunos analistas, se les otorgará un régimen de excepción y un plazo para que se capitalicen los grupos financieros extranjeros rescatados y se retire la inversión gubernamental, aunque los legisladores de oposición exigen medidas más extremas.

Es evidente que la prioridad del gobierno debe centrarse en la protección del sistema de pagos en México y lo que se pretende es que la solución de la SHCP esté jurídicamente blindada para que no sea objetada ni por el Congreso ni por los propios intermediarios afectados, y mucho menos que ocurra un conflicto político internacional. Lo peor que podría pasar, señalan en la SCHP es que la postura de esta dependencia sea jurídicamente endeble y que conlleve a enviar señales negativas al mercado.

La gran interrogante es si la SHCP concluirá su análisis jurídico antes de que inicie, el jueves 19, la Convención Bancaria, porque de lo contrario la indefinición legal será el tema que predomine en la dicha convención. Cabe señalar que desde la primera y segunda semana de marzo se ha venido esperando una resolución sobre el estatus de Banamex.

Para otros especialistas en estos temas, el impasse jurídico en que está el gobierno mexicano tras la compra del 36 por ciento de Citigroup por el gobierno de los EU, que contrapone a la Ley de Instituciones de Crédito y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, deberá resolverlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con el doctor en derecho financiero, Carlos Alberto Martínez, debido a que la LIC con el TLCAN, conforme a la Constitución Mexicana, tienen el mismo rango de ley, se deberá acudir a la SCJN a que emita su opinión sobre cuál prevalece sobre la otra, pues ambas son contradictorias entre sí. Para el doctor Martínez, el hecho de que sean acciones preferentes viola el artículo 13 de la LIC, y que sean convertidas en comunes al ser un monto mayor que tendrá en su poder el gobierno de Estados Unidos, está prohibido.

Sin embargo, para otros analistas, más allá del debate legal para ver cuál de las dos leyes prevalece sobre la otra, es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se enfoque a preguntar a EU si sus acciones son intervencionistas o no, pues es claro que, además de que el gobierno estadounidense busca recuperar los recursos invertidos en Citi, México también puede ser una buena plataforma para obtener mayores recursos, por las ganancias que generan los altos márgenes de intermediación.

"Si es un impasse jurídico, la SCJN es la que debe determinar qué es lo que debe prevalecer en este caso y no esperar que la autoridad administrativa, en este caso la CNBV, emita su opinión, pues aun cuando las conviertan en ordinarias, seguirían en el límite que la ley marca", explicó el especialista.

Para algunos especialistas, la situación de Citi no es la única, pues tanto la LIC como las leyes que regulan a las aseguradoras y otros intermediarios financieros, tienen un artículo semejante, por lo que los gobiernos que han inyectado recursos a aseguradoras y bancos de inversión con filiales en México también están violentando las leyes mexicanas, por lo que consideran que "la realidad nos rebasó", pues el artículo 13 de la LIC es “muy viejo y no se adapta a lo que hoy se vive no sólo en México, sino a escala mundial, por lo que tendría que modificarse o eliminarse para evitar una' discusión estéril, pues el análisis con las autoridades y grupos de abogados de instituciones que están en la misma situación que Citi, al haber recibido aunque sea montos pequeños de sus gobiernos, ya lleva alrededor de ocho meses sin resultados visibles.

Existe coincidencia entre especialistas en el tema en que se debe tener una interpretación pronto, pues los legisladores pueden caer en una "tentación legislativa", que afecte al sistema bancario mexicano. De hecho, la inyección de recursos por parte de los gobiernos a sus instituciones financieras ya fue cuestionada por el Grupo Santander ante la Comisión Europea, pues eso puede afectar el libre comercio y la competencia leal. Al cierre del año pasado, el consejero delegado de Santander, Alfredo Sáenz, estimó que existe una "tentación política para algunos gobiernos de inyectar vitaminas extra a su sistema financiero, para que sea más sano que el resto después de la crisis. Es una tentación real. Queremos poner sobre la mesa ese peligro particular."

Consideraciones finales

Hay argumentos que parecen sólidos, a favor y en contra de la venta de Banamex, por lo que al final de cuentas, será el criterio de las autoridades gubernamentales el que tenga que decidir si obliga a Citigroup a esta venta. Sin embargo, para muchos analistas, en la resolución final no pesarán exclusivamente el marco legal, sino también las razones económicas y políticas.

Otro de los elementos que sin duda se debe considerar en este caso, es la celeridad en que la autoridad mexicana realice su análisis, pues de lo contrario, va a generarse incertidumbre que perjudicaría no sólo a Banamex, sino a todo el sistema bancario.

Mención especial merece el vaticinio que, en 2006, Guillermo Ortiz advertía respecto a los riesgos que podría caer la banca del país ante casos extraordinarios como los que actualmente vivimos. A respecto señalaba que "Los conflictos de interés que pueden surgir en caso de que un banco internacional caiga en problemas", ya que "no existe un consenso sobre cómo enfrentar la quiebra de una entidad global"; además, hay "decisiones que aun cuando resulten favorables para el banco internacional no necesariamente lo sean para algunas de sus subsidiaras", con efectos adversos para el país anfitrión, no sólo crediticios sino también fiscales. Honor a quien honor merece.

La primera enseñanza es obvia: antes de emprender nuevas "reformas estructurales" hay que evaluar no sólo sus posibles beneficios, sino también sus riesgos y posibles costos. La segunda consiste en "reformar las reformas", es decir, atemperar los costos y riesgos de la extranjerización bancaria ya realizada, utilizando las facultades regulatorias que nuestras leyes confieren a la Comisión Nacional Bancaria y al Banco de México.

Por otro parte, la resolución a este conflicto se debe cuidar con excesivo esmero, máxime la polémica que ya inició entre las fuerzas políticas del país en año electoral. Asimismo, no es descabellado señalar que la decisión final podría afectar más adelante la “reputación” del país y el flujo de la Inversión Extranjera Directa (IED).

No hay que perder de vista tampoco que el caso Banamex aún es resbaladizo, toda vez que hace unas semanas, luego de que Citi reiteró que no se desprendería de Salomón Smith Barney al final tuvo que ceder su control. No se debe olvidar que con voto, el gobierno estadounidense tiene mayor incidencia en la toma de decisiones, por lo que no está descartado que el gobierno de Obama decida vender Banamex, entre otros activos, para capitalizar al otrora banco más influyente de EU. De igual manera, tampoco se debe descartar el hecho de que el gobierno de EU pueda determinar políticas en una institución que es la segunda en importancia en México, con una cuota de mercado del 20% del total de activos del sistema bancario mexicano, y también por ser el banco modelo de Citi por su alta capitalización y por lo bien librado que, hasta ahora se encuentra, ante el paso del “tsunami” financiero global.

Puede ser que para los mismos bancos extranjeros, sabedores de su perfil oligopólico, el que Citi vendiera Banamex a mexicanos, resultaría un alivio al despresurizar un asunto polémico.

Es sabido que algunos hombres de negocios mexicanos llevan algunas semanas empujando para formar un grupo dispuesto a recuperar Banamex, aunque algunos de ellos, que han sido nombrados como posibles compradores, se han autodescartado, como es el caso de Slim y Harp Helú.

Se estima que el costo de la posible venta de Banamex ascendería a 9 mil millones de dólares, cifra que podría ser difícil de reunir, si se considera el contexto actual de restricción de liquidez. Pero como lo señalan algunos analistas, el peor escenario es que el gobierno estadounidense obligue a Citi a vender Banamex y que los mexicanos no puedan adquirirlo o de plano decidan no participar.

Finalmente, la discusión ahora, no sólo en México, sino también en el contexto internacional, se debe centrar en cómo regular el sistema bancario ya no desde una óptica local, sino en un sentido global. Los bancos ya no son oligopolios locales, sino globales. Además de que la crisis financiera mundial está revelando las desventajas de la venta de los bancos domésticos a los extranjeros, toda vez que ante las necesidades de liquidez de sus matrices podrían dejar de financiar obras de infraestructura y empresas en sus países de origen.



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