ENERO DE 2010: ¿EL MES MÁS VIOLENTO DEL SEXENIO?

El día de ayer se dieron por concluidas por parte de la Organización de las Naciones Unidas, las labores de rescate en Haití, los saqueos y enfrenamientos entre los habitantes se han generalizado, al grado que los Cascos Azules enviados por el organismo internacional y los soldados enviados por el gobierno de Estados Unidos para garantizar la seguridad y el orden en las labores de rescate y reparto de la ayuda humanitaria, han sido rebasados.

Según el comandante de las fuerzas armadas estadounidenses en la isla, el número de víctimas fatales puede llegar a los 200 mil, y el número de damnificados se calcula en unos tres millones de personas.

En la tragedia que vive en estos momentos el pueblo haitiano, es difícil poder decir algo más de lo que ya se ha dicho en la última semana sobre el peor terremoto de que se tenga memoria en el continente americano y que, de modo siniestro ha atacado al país más pobre de la región y uno de los más paupérrimos del mundo.

A pesar de la repuesta positiva, dada por la gran mayoría de las naciones del mundo —los Estados Unidos en primer lugar—, empieza a tenerse la impresión en estos momentos de que éste será uno más de los ejemplos de una solidaridad enorme, pero lamentablemente pasajera, por parte de la comunidad internacional.

La realidad comienza a imponerse y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la propia ONU o el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) tendrían en estos momentos, en teoría, la capacidad suficiente para resolver de inmediato, por lo menos, la carencia de ayuda humanitaria y la falta de mecanismos para garantizar su oportuno y efectivo reparto a los afectados por esta tragedia.

Evidentemente, esa capacidad para resolver o cuando menos paliar los efectos de este siniestro en el país más atrasado del continente, se ven obstaculizados por consideraciones políticas, económicas o de simple estrategia mediática internacional.

También es evidente que hay naciones con un grado de responsabilidad mayor para intervenir y ayudar en este desastre, sobre todo las que siguen siendo consideradas potencias a nivel mundial: en geopolítica el liderazgo militar sólo es parte de la imagen que debe mostrar quien se dice líder a nivel global.

Y esto es así porque una efectiva labor de ayuda y solidaridad con Haití debe ir más allá de destinar 100 millones de dólares para la ayuda, más allá de enviar en principio 3 mil soldados para garantizar el orden, más allá de recolectar toneladas de ayuda y de enviar misiones de rescate a las víctimas que aún se encuentran bajos los escombros. Todo esto, aunque es absolutamente necesario y apremiante y aunque la prioridad en estos momentos debe seguir siendo el rescate de las víctimas (como los entienden los rescatistas mexicanos que se encuentra allá), esto es sólo una cara de la moneda del trágico destino de Haití.

La otra cara de este amargo episodio lo constituye la necesaria labor de reconstrucción, tanto en términos físicos de lo perdido, como de la reconstrucción del Estado, del gobierno y del tejido social.

Antes del terremoto, Haití ya representaba una nación devastada por los desastres naturales, sociales y políticos: A la pobreza alimentaria y patrimonial de sus habitantes, se sumaba la pobreza de perspectivas, de construcción de futuro; lo que generó a lo largo del tiempo una cultura de la violencia, guerras intestinas y una espiral de enfrentamientos y saqueos difícil de solucionar.

En ese contexto, lo que verdaderamente necesita el pueblo haitiano no es caridad momentánea ante la tragedia, sino una verdadera y persistente solidaridad por parte de pueblos y gobiernos, que lo ayude a abatir sus históricos rezagos para que de manera sostenida salga de manera independiente de su situación de pobreza y atraso.

La gran pregunta consiste en saber si los organismos internacionales y los gobiernos de las principales potencias tendrán la capacidad y la sensibilidad suficientes para demostrar que no sólo les interesa parecer, sino efectivamente ser líderes para ayudar a quien los necesita, y también consiste en saber si los propios haitianos tendrán la capacidad para ayudarse de manera mutua para salir adelante a pesar de desesperante situación por la que atraviesan.

En días recientes ya ha iniciado el forcejeo entre quienes se dicen líderes de la región latinoamericana (señaladamente Hugo Chávez), de la región europea (el gobierno de Francia) y el gobierno de Estados Unidos.

Los mandatarios de Venezuela y Nicaragua, naturales aliados estratégicos, han declarado que Estados Unidos se está aprovechando de la situación para ocupar militarmente al país, ello se debe a que según cálculos recientes, la presencia militar de EU en la isla superará los 14 mil efectivos.

También, el secretario de Estado francés Alain Joyandet, declaró que la ONU debe definir de manera más precisa la participación de EU en la organización y operación de la estrategia de ayuda humanitaria hacia Haití, ya que no se trata de ocupar el país, sino de ayudarle a salir adelante. "La ONU está trabajando, espero que se tome una decisión. Espero que las cosas sean precisadas sobre el papel de Estados Unidos". Expresó a medios de comunicación europeos, después de que el avión en el que se dirigía a Puerto Príncipe no pudo aterrizar, al contrario de las aeronaves estadounidenses.

Por otra parte, en una declaración conjunta que más parece un discurso elaborado con toda antelación con el objetivo de acallar las críticas, el Departamento de Estado norteamericano difundió un “comunicado conjunto” con el presidente haitiano: "El presidente (René) Préval (...) valora como esenciales los esfuerzos del gobierno y de los ciudadanos estadunidenses en Haití en apoyo de la recuperación inmediata, la estabilidad y la reconstrucción a largo plazo de Haití, y solicita a EU que asista, como sea necesario, al gobierno y a los haitianos, a la ONU, los socios internacionales y las organizaciones que están sobre el terreno en aumentar la seguridad".

Ante este escenario, vale la pena preguntarse, ¿quién terminará gobernando realmente en Haití después de esta tragedia? ¿La catástrofe servirá, como muchos lo desean, como un catalizador para la reconstrucción de la sociedad haitiana agobiada por la pobreza, la corrupción y la violencia?

Resulta emblemático que el terremoto derrumbó el edificio del Palacio de Gobierno, del Congreso y la gran mayoría de los edificios públicos. La reconstrucción tendrá que partir desde instituciones políticas y sociales hasta la infraestructura física del país.

Ante tal reto, se antoja difícil que el pueblo haitiano pueda salir airoso de esta calamidad si no es mediante la verdadera ayuda solidaria de la comunidad internacional.

Lo malo de esta situación, es que la politización de la tragedia es un proceso casi natural e inmediato que pone al drama humano que se vive en estos momentos, como un medio para alcanzar otros fines, la simulación y la manipulación del desamparo en que viven millones de haitianos puede ser utilizado de manera perversa por políticos demagogos y populistas a fin de erigirse en guías morales y políticos.

Más allá de amarillismos, todo indica que la situación en la isla no sólo no mejorará sino que empeorará rápidamente por varios factores: se ha reconocido que será materialmente imposible rescatar a la mayoría de las víctimas que se encuentran todavía bajo los escombros, lo que genera un riesgo real de infecciones y epidemias, dadas las deplorables condiciones sanitarias.

Por otro lado, la escasa infraestructura con que contaba este país también colapsó (prueba de ello es el aeropuerto de la capital), lo que hace muy difícil coordinar de manera efectiva la ayuda de manera inmediata, al no contar con servicios básicos, como agua, luz o teléfonos.

Estos factores nos dan cuenta que estamos presenciando la destrucción y el derrumbamiento físico y social de un país hermano. Estamos ante una disyuntiva trágica: ayudamos de manera auténticamente solidaria, como país, como nación y como humanos, o veremos lo que en un futuro puede pasar con otras sociedades que suponemos en estos momentos más sólidas.

El Presidente Felipe Calderón ha hecho llamados vehementes a participar y cooperar en la ayuda, a impulsar la solidaridad con la isla desde el Consejo de Seguridad de la ONU donde participa nuestro país, sin embargo tal parece que el esfuerzo del presidente y la desinteresada ayuda de los mexicanos de todos los niveles socioeconómicos no ha sido del todo valorada a nivel internacional. ¿Por qué?

Por una razón muy simple; no se ha llevado a cabo una estrategia efectiva de los diplomáticos mexicanos en el contexto de esta tragedia, no bastan los llamados del Presidente, es necesaria una participación más activa de los funcionarios de la cancillería mexicana (el sábado pasado, la Secretaria de Estado Hillary Clinton se presentó en Puerto Príncipe, mientras la canciller mexicana Patricia Espinosa se encontraba en Japón, gestionando una futura visita del Presidente Felipe Calderón).

El hecho de que sea Estados Unidos quien de manera segura dirigirá los esfuerzos internacionales para la reconstrucción de Haití, representa una oportunidad para que nuestro país, no sólo por obvias razones de solidaridad participe activamente en la medida de sus posibilidades, sino también para demostrar que México es más fuerte que sus problemas internos y es capaz de recuperar una presencia positiva, como la tuvo hace años, en la región del Caribe.

El riesgo de no hacerlo radica en que el creciente protagonismo de naciones como Venezuela, Nicaragua, e incluso Bolivia y Cuba, conviertan la tragedia haitiana en un escenario más de conflicto en su ofensiva contra Estados Unidos, situación que a nadie conviene… menos a los propios haitianos.

Más allá de los desaciertos que ha tenido recientemente la diplomacia mexicana, la participación mexicana activa en la reconstrucción material y social de Haití, significa también una oportunidad para demostrar al exterior que México es capaz de mostrar y desplegar una auténtica capacidad de ayuda solidaria honesta y sostenida, es decir, demostrar que la solidaridad puede convertirse en una práctica social a nivel internacional…

Enero de 2010: ¿el mes más violento del sexenio?

A finales del año pasado, las críticas a la estrategia seguida por el gobierno de Felipe Calderón en contra del crimen organizado, y en específico contra el narcotráfico, subieron de nivel.

En ese momento (el 16 de diciembre), resultó muerto en un enfrentamiento con elementos de la Marina, Arturo Beltrán Leyva, principal jefe del cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

La semana pasada, el gobierno federal asestó un segundo golpe a la estructura del narcotráfico en nuestro país, al capturar a Teodoro García Simental El Teo, principal operador del cártel de Tijuana y uno de los más sanguinarios sicarios, que cuenta en su haber más de 600 ejecuciones, de las cuales se calcula, 300 cuerpos fueron eliminados por el tristemente célebre Pozolero, capturado el año pasado.

No obstante estas importantísimas acciones, los detractores del gobierno insisten en que se debe poner el acento en las labores de inteligencia más que en los operativos policiaco militares, entonces, ¿qué han sido estas maniobras sino la aplicación de técnicas de inteligencia, cooperación e información por parte de las fuerzas armadas?

No cabe duda que en el éxito de estos operativos tuvo mucho que ver la cooperación de los sistemas de inteligencia estadounidenses, pero eso no quita el mérito de quienes participaron en estas maniobras, que en algunos casos les costó la propia vida y la de sus familiares.

Quienes ven de manera maniquea y chovinista una intervención inadmisible en la cooperación de la policía norteamericana (sea la DEA o el FBI) con las fuerzas armadas y la policía mexicana, pierden de vista que es precisamente esa cooperación la que puede permitir llevar a cabo capturas sin derramamiento de sangre como ocurrió con El Teo o con un mínimo de bajas como ocurrió en el enfrentamiento en que perdió la vida Arturo Beltrán Leyva.

No obstante estos recientes éxitos de la estrategia del gobierno en su lucha contra el crimen organizado, no se puede cerrar los ojos ante una realidad terrible: en 2009, en promedio se registró una ejecución cada hora; Chihuahua fue el estado más violento de la de la República (y continúa siéndolo) con 3 mil 637 muertes, muchas más que en 2008.

En total, el año pasado se registraron 8 mil 281 narcoejecuciones, lo que significó un promedio de 22 crímenes diarios, es decir, uno cada 65 minutos. Lo que hace que 2009 sea el más violento del sexenio de Felipe Calderón.

Lo peor del caso es que el registro de los primeros 15 días del presente año, señalan una tendencia al incremento de estas cifras, lo que debe mover a nuestro gobierno a reflexionar que este problema no tendrá una solución a corto y mediano plazo, por lo que es necesario pensar en una estrategia de largo alcance.

Tal parece que los dos ejemplos mencionados pueden ser un indicio de que se está generando un viraje en la estrategia gubernamental seguida hasta hace poco. Sería deseable que golpes al crimen organizado como los mencionados, se conviertan en la regla y no la excepción, ya que en el recuento de los muertos (se trate de delincuentes o no), el número demuestra que el grado de violencia parece irrefrenable.

Por otra parte, la experiencia ha demostrado que depurar, profesionalizar y contar con cuerpos policíacos honestos y efectivos no es tampoco un asunto fácil o rápido, toma bastante tiempo ver los resultados y eso puede convertirse en una carrera contra el reloj de la paciencia de los ciudadanos.

Las estructuras de mando del narcotráfico se rehacen casi de manera automática pero con un costo cada vez mayor de vidas, ajustes de cuentas y enfrentamientos con policías y militares. Por ello, es necesario pensar y repensar en métodos científicos de investigación y persecución, en el que se involucre la coordinación entre los tres niveles de gobierno y hacia el exterior… el ejecutivo federal no podrá solo, así de fácil.

Finalmente, la dignificación de la carrera policial, pasa necesariamente por su acercamiento con los ciudadanos, y en ello, el conocimiento y protección de los Derechos Humanos juega un papel fundamental, la autoridad deriva de los ciudadanos y no a la inversa, su legitimidad radica en que garantiza el derecho básico a vivir sin temor… a los delincuentes o a la propia policía.